En este sentido, el CERMIN asegura que tradicionalmente, el tratamiento del factor de la discapacidad ha sido encajonado conceptual, económica y físicamente en las áreas de los servicios y políticas sociales.

 

Dicha circunstancia ha supuesto, así mismo, graves obstáculos de concepto y, por ende, de concreciones prácticas a la hora del impulso de políticas reales de inclusión para las personas con discapacidad. Desde esta perspectiva, se entiende que el mencionado factor de la discapacidad compete transversalmente a toda la acción política de Gobierno, tanto a nivel autonómico como local, independientemente de las áreas concretas de aplicación. Por ello, el CERMIN defiende que cualquier regulación de ámbito autonómico o local debe tener necesariamente su impacto en discapacidad: empleo, educación, cultura, ocio y tiempo libre, ámbito rural, servicios sociales, sociedad de la información y nuevas tecnologías, tráfico, etc.

 

En esta línea, Mariluz Sanz, presidenta del CERMIN, ha explicado que “se ha contactado con los portavoces de todos los partidos parlamentarios para solicitar que en la nueva legislatura se mantenga esta Comisión”, y ha agradecido que “todos ellos hayan estado de acuerdo en apoyar la iniciativa. Ahora, les emplazamos a dar carácter permanente a la misma”.

 

Por último, Sanz ha señalado que “esta Comisión garantizará sin duda una visión integral de la problemática que afecta al sector, consecuencia de lo cual, ayudaría al impulso de una acción parlamentaria adecuada al respecto”.